Ileana Toores-GISSAN
Publicado en el Nuevo Diario
Diversos organismos de la sociedad civil y otros que integran el Grupo de Interés por la Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional (Gissan), celebraron la aprobación de la nueva Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria, pues aseguran que garantiza el derecho de los nicaragüenses a tener alimentos suficientes, inocuos y nutritivos acorde con las necesidades vitales y libre de contaminantes.
Esta ley establece que el Estado promoverá programas que aseguren una adecuada disponibilidad de alimentos y una distribución equitativa de los mismos, dijo el coordinador del Gissan, Eduardo Vallecillo, quien mencionó que, entre otras cosas, lo importante es que se establecen recursos provenientes del Presupuesto General de la República para asegurar la producción alimentaria del país.
Segundo país
La Asamblea Nacional aprobó esta nueva ley el pasado 18 de junio, y de esta manera Nicaragua se convirtió en el segundo país centroamericano en poseer un marco jurídico en soberanía y seguridad alimentaria, después de Guatemala.
Vallecillo recordó que en esta legislación no se pudo precisar una demanda específica contra los transgénicos y, aunque en dicho documento no se detalla beneficios a pequeños productores, sino a la producción de alimentos en general, la considera un gran avance para la construcción de un marco jurídico para el derecho a la alimentación, como un derecho humano fundamental.
“Anteriormente en Nicaragua existían dos comisiones nacionales. Una de decisión política y una técnica, las cuales fueron nombradas por decreto presidencial. Éstas orientaban a estructuras del Ejecutivo proponer acciones para la seguridad alimentaria”, aseguró.
Esta ley deroga estos decretos y establece un sistema de soberanía y seguridad alimentaria que integra a muchas organizaciones y estructuras de distintos poderes del Estado, además de espacios de participación para la toma de decisiones.
Consideran al Gissan
Vallecillo subrayó que del Gissan fue tomada en cuenta la sugerencia de que sea el Presidente quien presida el máximo órgano de decisión para la soberanía alimentaria; estructurar una secretaría para la soberanía alimentaria en la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República y la conformación de los consejos municipales.
Explicó que la ley contempla sanciones administrativas en contra de funcionarios que obstaculicen la lucha por la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, y el nombramiento de un procurador, el cual fungirá en la Procuraduría de los Derechos Humanos y velará por el cumplimiento del derecho humano a la alimentación en Nicaragua.
Para Yolanda Areas, coordinadora del movimiento de mujeres de la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), esta legislación es un logro para Nicaragua, porque concreta todo el esfuerzo de las organizaciones, el trabajo de incidencia y sobre todo porque permite contar con un marco legal para luchar contra las trasnacionales y conseguir que la cultura alimenticia y productiva no desaparezca.
Areas afirma que la creación de los consejos abre la oportunidad de impulsar acciones locales en donde las mujeres pueden desarrollar iniciativas que les permitan mejorar la producción sana de alimentos.
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